La ciberdelincuencia es una realidad. Según el último Estudio sobre la Cibercriminalidad
en España elaborado por la Secretaría de Estado de Seguridad, sólo
durante el año pasado se realizaron un total de 60.154 hechos delictivos
en Internet, de los cuales el 67,9% se corresponde a fraudes
informáticos (estafas) y el 16,8% a amenazas y coacciones. Este tipo de
delitos dejó en 2015 un total de 46.860 víctimas de la ciberdelicuencia
en nuestro país.
Tradicionalmente, los bancos han
invertido grandes cantidades de tiempo y dinero en la protección de
datos y la prevención del fraude, y cada vez que un cliente hace una
transacción, se lleva a cabo un seguimiento tecnológico que avisa de
cualquier anomalía que pueda ocurrir, en comparación con los patrones de
comportamiento habitual.
Estas medidas han provocado un cambio de estrategia y ahora los
ciberdelincuentes intentan hacerse con el control de los datos
personales a través de las contraseñas de los usuarios o accediendo a
información sensible en sus cuentas de redes sociales. Por lo tanto,
mientras las instituciones financiera se centran en construir sus
propias defensas, pueden estar descuidando el hecho de que quizá sean
sus propios clientes los que, sin saberlo, las están debilitando.
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